El pasado 10 de diciembre fue juramentado como presidente de argentina por los próximos 4 años Javier Milei.
Un fenómeno que ha surgido y ha impuesto la agenda política y social del país suramericano, con ayuda justamente de las plataformas de las redes sociales donde enfocaron gran parte de sus esfuerzos.
El mismo día de la juramentación, los usuarios de las redes sociales se sorprendieron al ver cambios en las cuentas de gestión gubernamental, lo que significaba la transición.
Aquí vemos un ejemplo de como una cuenta con 210 mil seguidores quedó sin información publicada, modificaron la biografía, imagen de avatar y la primera imagen publicada. Esto causó rechazo, crítica y también aplausos al verlo como un borrón y cuenta nueva en el entorno digital.
Pero, ¿cómo es la transición en redes sociales de un Estado?
En la actualidad los estados y gobiernos toman en cuenta las redes sociales como activos digitales y por lo mismo algunos ya cuentan con reglamentación para su gestión y mucho más, cuando existe una transición.
En Argentina, en 2015, la transición presidencial fue acompañada por un hecho sin precedentes en las redes sociales políticas. A solo dos días de la asunción de Mauricio Macri como nuevo presidente, el kirchnerismo “tomó” el perfil oficial de la casa rosada en Twitter (ahora X) . La cuenta @casarosadaar, que tenía la insignia de "cuenta verificada", modificó su nombre a "casa rosada 2003-2015". Este inusual movimiento señaló que la gestión anterior se había apoderado de la cuenta oficial del gobierno en Twitter, y representaba el activo digital más importante del estado hasta ese momento.
Para evitar problemas similares, la jefatura de gabinete publicó en 2019 una resolución sobre la transición que abarca todos los activos digitales, incluyendo sistemas, usuarios, bases de datos, aplicaciones, sitios web, dominios, cuentas de redes sociales y perfiles gubernamentales. Esto impide que un gobierno saliente "se lleve" o elimine las cuentas oficiales de redes sociales al concluir su mandato, incorporando también las redes sociales de provincias o ministerios. Así, ninguna cuenta oficial de gobierno pertenece a un funcionario, evitando que quienes ya no sean autoridades retengan esas cuentas.
Además, se realizan copias de los contenidos digitales publicados durante la gestión gubernamental. Es decir, se hacen cuentas espejo. En cambio, en el caso de Twitter y YouTube no se realizan cuentas espejo sino que se les entrega los accesos a la nueva gestión con los contenidos y seguidores generados hasta ahora.
¿Qué opinas de esta reglamentación para la gestión de redes sociales de un Estado?